El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) iniciará formalmente una campaña en la que participarán argentinos y británicos en el sondeo de la riqueza pesquera del país.
La noticia concuerda con la aparición de estudios que señalan que existe una alta concentración de barcos foráneos pescando calamares en la Zona Económica Exclusiva.
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El INIDEP es una corporación autárquica que marcha en el ámbito de la Secretaría de Agroindustria y tiene como misión fundamental construir campañas de estudios marítimos que admiten relevar los stocks de las diferentes especies que forman la riqueza ictícola del Mar Argentino.
La riqueza pesquera argentina ha sido objeto de innumerables conflictos
Los datos recabados establecen los diferentes cupos de pesca que concede la Subsecretaría a las compañías que se dedican a la actividad extractiva. En los últimos años, por diferentes problemas entre distintos sindicatos del sector y la conducción de la entidad, a cargo del científico Otto Whöler, las campañas no se cumplieron.
Por esta causa, el presidente Macri dispuso la intervención del INIDEP y designó al contraalmirante retirado Marcelo Lobosco, un castrense que en sus referencias tiene otros cargos relacionados con el medio marino y una participación activa en la fundación Pensar, think tank del PRO.
El gobierno aspira a retomar el control de lo que ocurre con la riqueza pesquera nacional. No obstante, la primera campaña que comenzará hoy, ya creó querellas entre distintas organizaciones relacionadas con la actividad pesquera porque Lobosco incluyó a dos científicos ingleses que accederán a todos los datos obtenidos por la Argentina.
La información les permitirá establecer su propia política de licencia de permisos en las Islas Malvinas. Los defensores del convenio aseveran que la presencia de los británicos en el Atlántico Sur es inevitable y es mucho más razonable establecer reglas de convivencia pacífica.
Conforme a estimaciones recientes, la pesca ilegal en territorio nacional equivale a U$S 2000 millones. Tanto la Prefectura Naval como la Armada Argentina hacen controles habituales sobre buques infractores, pero cuenta con pocos medios para patrullar una gran zona vigilada por flotas furtivas.