miércoles, enero 26, 2022
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Bolivia irá a la Corte de La Haya contra Chile

La Paz.- El Gobierno de Bolivia decidió plantear una demanda contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, por el uso de las aguas del manantial Silala, que se convertirá en la segunda acción legal de La Paz contra Santiago de Chile, tras reclamar su derecho por una salida al mar.

El presidente de Bolivia Evo Morales anunció este sábado la decisión que tomó su gobierno. “Hemos decidido, como país pacifista, (que) vamos a acudir a La Haya, para que Chile respete nuestra agua en Silala, en el departamento de Potosí”, ubicado en los Andes bolivianos.

Igualmente el mandatario recordó que ya habían presentado un reclamo ante la CIJ en el 2013, con el argumento de que Santiago le hizo históricas promesas para resolver su enclaustramiento marítimo tras la guerra de fines del Siglo XIX, cuando perdieron un total de 400 km de costa y su única salida al Océano Pacífico.

Hemos decidido, no solamente hacer la demanda de la salida al mar con soberanía al Pacífico”, enfatizó el gobernante, acotando que la posición ha asumido gobierno es porque “Chile no quiere resolver sobre las aguas del Silala”.

Bolivia argumenta que es la legítima dueña de ese manantial en la región de Potosí al suroeste del país, el cual alimenta sin costo con 300 litros de agua por segundo a las regiones del norte chileno, mientras que Santiago asegura que este es un río internacional por transcurrir en más de una nación.

Además de esta acusación el gobierno andino recuerda que en 1908 entregó en concesión el usufructo de las aguas para la compañía ferrocarrilera Bolivian Railway (hoy desaparecida) para abastecer a sus trenes de vapor, lo que utilizan como uno de sus principales argumentos sobre su derecho propietario.

Ambos países carecen de relaciones diplomáticas desde fines de la década de los 70′s y ahora mantienen un litigio en la CIJ.

Santiago tiene un lapso hasta mediados de año para presentar sus primeros alegatos al reclamo de Bolivia, luego de que el mismo tribunal resolviera en septiembre de 2015 su competencia sobre el caso, que la administración de Morales lo asumió como una victoria diplomática y jurídica.

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