La Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado los recursos de apelación del ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau, contra la causa que sostiene la acusación en contra de ellos por supuesta desobediencia y delito administrativo en la organización de la consulta del 9 de noviembre.
El documento de la Fiscalía estima que pretendieron aparentar que el proceso quedaba de manera exclusiva en manos de algunos ciudadanos voluntarios, cuando la verdad es que no fue así. De esta manera, afirma que la instrucción mostró que la organización de la consulta se hizo cada vez más intensa luego de que se llevara a cabo la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, «sin los medios de la administración autonómica contratados antes, pero también y específicamente luego de la suspensión cautelar» no hubiese podido ejecutarse, señala el documento.
Acerca del delito de desobediencia, informa que los investigados, liderados por Artur Mas, conocieron y entendieron perfectamente el contenido y efectos de la Providencia del Tribunal Constitucional, la cual era sumamente clara, y tomaron la decisión de no acatarla.
Referente al delito administrativo, estima que los ex-integrantes del Govem dejaron de suspender de manera oficial la convocatoria que Artur Mas había ejecutado, y también las decisiones administrativas concretas tomadas para ejecutarlas.
En sus argumentaciones, Artur Mas, Ortega y Rigau litigaron la decisión de dejarles a las puertas de ir a juicio al pensar que el auto posee un contenido político y que ni hubo desobediencia ni prevaricaron. Es por esto que han hecho la solicitud del archivo de la causa al entender que se asignan responsabilidades criminales a los representantes de un Gobierno democrático por la actuación política manejada de manera responsable, cívica y pacífica.
En su expediente de defensa, Artur Mas ha resaltado que la instrucción de la causa ha demostrado que los tres imputados no solo desobedecieron al TC ni prevaricaron, sino que el Govem ha interrumpido de manera efectiva la organización y gestión de la consulta. Esto, sin abandonar ninguna de las funciones legales delegadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de los ciudadanos, el derecho de información de las personas y la gestión de los sistemas públicos.