El Estado desea reimpulsar la reforma laboral. Pero solo una parte de la discusión se llevará a cabo en el Congreso. Es que legalmente solo se analizará el plan que observa el «blanqueo» de trabajadores de apps no registrados o que lo están de manera parcial.
Actualmente, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de que el debate por la reforma tome otros rumbos. El ministro de la Producción, Dante Sica, pretende que los gremios discutan transformaciones de los convenios colectivos, pero a la vez, los mismos le exigen que agilice algunos aspectos «demorados».
Entre esos temas está la inscripción de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que comprende a aquellas personas que prestan servicios para las aplicaciones tecnológicas como Rappi, Glovo y otras, según reseñó iProfesional.
Según el ministro, la transformación permitiría «generar empleo», después de conocerse en los últimos días distintos indicadores económicos que manifiestan el deterioro de la escenario social y laboral.
En este sentido, dijo que «hay un exceso de medidas y de penalizaciones que impiden las nuevas formas de contratación». Además, sorprendió al decir que la reforma «es más importante para los trabajadores que para los empresarios».
Los abogados corporativos consideraron que la adecuación que promueve el Estado admitirá generar mayor cantidad de puestos de trabajo, pero los representantes legales de dependientes piensan que pueden surgir escenarios conflictivos frente a potenciales casos de abuso.
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La discusión de los trabajadores de apps
Hace cerca de dos meses, la Secretaría de Trabajo de la Nación acogió una solicitud para inscribir al primer sindicato de plataformas de Argentina, la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que persigue organizar a los empleadores que transportan productos y personas por medio de diferentes aplicaciones de celulares.
Se relaciona a un «caso testigo» para el Estado, puesto que concentra un gran número de trabajadores que aún se desempeñan sin un acuerdo. A la vez, se da aquí el altercado con los sindicatos tradicionales, que no quieren este nuevo sector de actividad sea la excusa de una «flexibilización».
En esa oportunidad, existían casi 13 mil rappitenderos, 5 mil repartidores de Glovo, 3 mil choferes de Uber, aparte de otra cantidad indefinida de Mercadoni y Treggo.
Asimismo, es posible que sean más de 20 mil los empleados representados solo en la Ciudad de Buenos Aires. Y a nivel país, podrían llegar a ser más de 50 mil. A partir de ese instante, consideran que cerca de 10 mil personas empezaron a prestar servicios para ese tipo de aplicaciones.
Estos gremios denunciaron que laboran sin seguro de riesgos ni salario fijo y que la compañía decide las tarifas, las comisiones y los obligan a tributar por las operaciones comerciales por las que ellos son responsables, según reseñó iProfesional.
«Es una relación de dependencia encubierta. Tendrán que reconocerlo a mediano o largo plazo. Las otras aplicaciones tienen el mismo problema que nosotros: las empresas imponen y nosotros queremos que las empresas nos incluyan en la toma de decisiones», señaló Roger Rojas, delegado de APP y de Rappi.