Luego de celebrarse la histórica cumbre en el Vaticano para luchar contra la pederastia, la sociedad civil se organiza ahora para asegurarse de que la Iglesia Católica aplique realmente las medidas anunciadas.

El domingo, después de tres días de debates sin concesiones, el papa Francisco prometió «una lucha en todos los niveles». Sin embargo, la ausencia de medidas concretas y de sanciones a los responsables ha irritado a las víctimas de abusos por miembros de la Iglesia.

El Vaticano anunció que este lunes se desarrollaría una reunión interministerial dedicada a la protección de menores, el «primer efecto concreto» de las reuniones como una forma de poner de manifiesto su buena fe.

Tras esta cumbre, «se tornó evidente que un evento como éste debía ser seguido de medidas concretas, como lo reclama con fuerza el pueblo de Dios», explicó la Santa Sede en una nota.

También precisó que los documentos y grupos de trabajo prometidos el domingo se apoyarán sobre los testimonios de las víctimas y con una participación mayor de laicos.

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“Plan de guerra” de 21 puntos de la Iglesia católica

En este contexto, las asociaciones «End Clergy Abuse» (Poner fin al abuso clerical) y «Bishop Accountability» (Responsabilizar a los obispos) presentaron ante la plaza de San Pedro un «plan de guerra» de 21 puntos.

«El Papa ha anunciado la batalla contra el abuso a los menores de edad, pero con las armas más frágiles que podamos imaginar. Si pone en práctica estos 21 puntos que proponemos, podrá fin a esta plaga de una vez y para siempre», dijo la codirectora del grupo Bishop Accountability, Anne Barrett Doyle.

En dicha lista, el grupo pide la separación inmediata de cualquier religioso culpable de abusar de un menor o de que cualquier obispo que haya encubierto un caso, y repasar los documentos disponibles en la justicia civil para que las Iglesias locales paguen reparaciones a las víctimas y asuman el cuidado médico y psicológico que se consideren necesarios.

También proponen la implementación de registros públicos y documentados sobre todos los religiosos y religiosas que hayan cometido abusos con niños, y sobre quiénes encubrieron los casos, así como garantías de vigilancia sobre quienes aún estén vivos.

El lunes, las religiosas también prometieron que escucharán con más atención.

Por primera vez en una reunión de obispos, los 10 miembros de la dirección de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), que representa a las superioras de más de 600.000 religiosas en todo el mundo, estuvieron presentes en la cumbre.

«Ahora la cuestión es poner en práctica los varios mecanismos, seguir líneas directivas claras para garantizar que esto no ocurrirá nunca más por causa de nuestra apatía o ceguera», dijo sor Patricia Murray, religiosa irlandesa y secretaria general de la UISG.