Venezuela.- Ante la crisis económica que vive el país, el gobierno parece apuntar a diversificar sus ingresos con la firma de convenios mineros con empresas extranjeras, pese a tener grandes detractores por los posibles daños al ecosistema.
Según informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la sede del Banco Central de Venezuela, el gobierno que preside ha suscrito hoy una serie de acuerdos por un valor estimado de 4.500 millones de dólares.
[pullquote]Maduro: “Es una política profundamente soberana, ecologista y con visión de desarrollo integral”.[/pullquote]
Maduro, que enfrenta una grave crisis económica producto de los disminuidos precios del petróleo y la inflación, ha apostado en grande por la minería. En este acuerdo, en el que participan empresas nacionales y extranjeras, se pretende inyectar divisas a las finanzas de la nación suramericana, que permitan aumentar los flujos de caja y aliviar la situación económica del país.
El primer mandatario venezolano puntualizó: “Son recursos que vienen a desarrollar la economía venezolana”. Con los mismos pretende dar vida a uno de los quince motores (áreas estratégicas de desarrollo) de los cuales está compuesta la llamada Agenda Económica Bolivariana.
Destacó además que el 60% de lo generado se invertirá en el Fondo Nacional de Misiones y Grandes Misiones. El mismo es un instrumento financiero creado por el fallecido presidente Hugo Chávez, para destinar parte del excedente petrolero de años pasados a invertir en áreas y programas sociales del proyecto bolivariano.
Hoy procederemos a firmar las inversiones para el Arco Minero del Orinoco..Pendientes…La Agenda Económica Bolivariana acelerando motores..
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 5, 2016
El denominado Arco Minero del Orinoco es una zona ubicada en el estado Bolívar, en donde se encuentran una gran cantidad de recursos minerales y con una inmensa biodiversidad. Motivo por el cual Maduro ha ganado detractores de esta práctica, que el propio Hugo Chávez criticó.
Chávez, quien en su momento nacionalizó las explotaciones mineras, emitió un decreto el 23 de agosto del año 2011 mediante el cual buscaba “revertir graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente”. La disposición de Chávez buscaba evitar que los efectos de la actividad perjudicaran la salud de los trabajadores y personas que habitaban zonas aledañas a las minas y sitios de explotación.
En esta zona se estima que existen cerca de 4.136 toneladas de oro, que podrían ascender a 7.000 toneladas, 33,79 millones de quilates diamante, 3.644 millones de toneladas de reservas probadas hierro, además de bauxita, cobre, coltán y otros minerales
A pesar de haber firmado un decreto en el que se prohíbe expresamente la utilización de mercurio en las actividades mineras y de extracción de metales preciosos, hay quienes creen que se podría generar un amplio daño al ecosistema de la región.
Entre los que han denunciado el posible “desastre ecológico” figura Héctor Navarro, ex ministro de Energía de la era Chávez, quien ha condenado que el 12% del territorio venezolano se vaya a convertir en “un depósito de desechos como cianuro y mercurio altamente contaminantes”.
Navarro apuntó que este proyecto podría amenazar la generación eléctrica del país, pues a su juicio la actividad minera aumentaría la cantidad de sedimentos en el rio Caroní, que es el que surte las represas del Caruachi, Guri y Macagua. “El arrastre de sedimentos acabaría con los álabes de las turbinas”, sentenció Navarro.
Por su parte, Nicmer Evans, politólogo y presidente del partido Marea Socialista, se ha mostrado en contra de la firma de este acuerdo. A través de la red social twitter, el dirigente del denominado “chavismo crítico” ha considerado esta firma como “traición al pueblo venezolano”.
Se consuma traición al pueblo venezolano, entregando nuestra soberanía, justificando el ecocidio y violando el plan de la patria y la CRBV.
— Nicmer Evans (@NicmerEvans) August 5, 2016
Pastora Medina, quien es vicepresidenta del Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV), manifestó: “Esto plantea creación de una faja estratégica que corta el territorio nacional, que lo amputa”. A su juicio, estas condiciones no están contenidas en la Constitución de Venezuela.
Fue enfática al señalar que el país no está cumpliendo con las obligaciones ante la Organización de Naciones Unidas para reducir el calentamiento global. Acotó que el gobierno venezolano muestra “indolencia” y “falta de compromiso” en materia ambiental.