Este viernes, la Organización de Estados Americanos (OEA) activó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. De acuerdo con el organismo regional, el procedimiento busca analizar la crisis institucional que atraviesa esa nación latinoamericana que ha dejado más de 300 muertos.
“A criterio de la Secretaría General la crisis justifica la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana” referida a la alteración del orden constitucional en un país miembro de la organización, señaló el secretario general de la OEA Luis Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que él mismo había convocado el pasado mes de diciembre.
De hecho, Almagro fundamentó su apreciación en las violaciones a los derechos humanos reportadas en innumerables ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha Comisión contabilizó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados; además de 300 profesionales de la salud despedidos y más de 80 estudiantes universitarios expulsados como saldo de las protestas iniciadas en abril de 2018.
Así mismo, Almagro también señaló al presidente Daniel Ortega de impedir la independencia de poderes y la participación política de los partidos opositores.
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En rechazo a la Carta Democrática Interamericana
El canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a Almagro de actuar como un agente político de Estados Unidos para buscar el derrocamiento de Ortega; a la vez que acotó que la sesión del Consejo y la activación de la Carta Democrática Interamericana fue “ilegal, ilícita e inexistente” porque se llevó a cabo pese a que el Gobierno de Managua no la había aprobado.
Venezuela y Bolivia se pronunciaron a favor de Nicaragua.
Sin embargo, muchas delegaciones le agradecieron a Almagro su informe y consideraron activado el proceso.
“Hoy hemos dado inicio al proceso contemplado en el artículo 20 para realizar una apreciación colectiva”, dijo la embajadora argentina Paula Bertol.
El mencionado artículo de la Carta Democrática Interamericana -el instrumento adoptado por los países del continente en 2001 para proteger la democracia- establece que ante la alteración del orden constitucional en cualquier Estado miembro se realizarán las “gestiones diplomáticas necesarias… para promover la normalización de la institucionalidad”.
Si las gestiones previstas en el artículo 20 se adoptaran y fracasaran, el Consejo Permanente de la OEA podría elevar el caso a una Asamblea General, o reunión de cancilleres, quienes podrían optar por suspender al país de la organización.
“Hoy es un mal día para el Gobierno de Ortega porque esta sesión del Consejo Permanente era imprescindible para activar el artículo 20”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.