La cámara baja de Pakistán aprobó el ahorcamiento en público de asesinos y violadores de niños. La moción se produce tras el aumento acelerado de casos de delitos contra menores durante los últimos años.
Por su parte, la población viene reclamando con marchas y distintas protestas que se accione en defensa de los menores. La aprobación del ahorcamiento público es en respuesta a los reclamos.
La resolución debatida en la Asamblea Nacional (NA) paquistaní fue presentada por el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Ali Mohamed Khan. La propuesta recibió el apoyo de aprobación por una mayoría de la cámara, pero obtuvo el rechazo de parlamentarios del gobernante pakistaní Tehreek-i-Insaf (PTI) y del opositor Partido Popular por completo.
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Gobierno no apoyó ahorcamiento público
A pesar de que la aprobación del ahorcamiento público se realizó por votación en voz alta, no recibió el apoyo del Gobierno.
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Shireen Mazari, escribió en su cuenta oficial de Twitter que el gobierno de Pakistán no patrocina la resolución.
«La resolución aprobada hoy en NA sobre ahorcamientos públicos fue a través de varias líneas partidarias y no una resolución patrocinada por el gobierno, fue un acto individual. Muchos de nosotros nos oponemos», escribió Mazari.
Mientras que el ministro de Ciencia y Tecnología, Fawad Hussain también condenó la polémica resolución y calificó esa condena como «brutal» y «bárbara». A su vez, aseguró que «no es apropiada como respuesta a los crímenes».
Los abusos a menores en Pakistán
Los abusos a menores ocurridos en Pakistán se encuentran en debate tras la violación y asesinato de una niña de 7 años acaecida en 2018. Este atroz hecho provocó protestas violentas en la que se reclamaba la no actuación de la fuerza policial ante este tipo de delitos.
Según un informe de la ONG Sahil, en 2018 se denunciaron 3.832 casos de abusos sexuales a menores en Pakistán, un 11 % más que en 2017, pero los activistas aseguran que los datos reales son aún muy superiores
En 2015 se descubrió que al menos 19 niños fueron grabados en vídeo y fotografiados por una red formada por 17 personas adultas que no tuvieron consecuencias por este delito.
Mientras que en enero pasado la cámara baja de ese país aprobó un proyecto de ley para proteger a los niños de la desaparición de menores, en los que se castiga a los policías que no reaccionen a tiempo y otras penas para los pederastas. Pero el Senado no ha aprobado este proyecto.