Montevideo.- El Gobierno uruguayo envió un proyecto de ley contra el narcotráfico que acordó con representantes de los partidos del parlamento.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto del «Plan Integral de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado», donde determinan una pena mínima de dos años de cárcel para quien produzca o comercien sustancias ilícitas.
Este proyecto surgió como producto de los acuerdos sobre seguridad y convivencia pacífica entre los representantes de los partidos con representación parlamentaria y el presidente Tabaré Vázquez.
En el proyecto de ley del «Plan Integral de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado» se estipula la pena mínima en dos años de cárcel para aquellas personas que sean acusados de la producción de materias primas o de sustancias adictivas ilícitas, excepto el cannabis.
De la misma manera, se propone que la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior así como otros organismos, tengan la posibilidad de contar con equipos y con profesionales que tengan las capacidades suficientes en la actualidad que le permitan realizar los análisis de las sustancias.
El proyecto de ley en consideración también plantea la existencia de una coordinación entre los Poderes Judicial y Ejecutivo para poder examinar y ofrecer soluciones sociales para el mejoramiento de la calidad en la lucha contra el narcotráfico, con un abordaje integral e interdisciplinario.
Para que esto se cumpla, es necesario la creación de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y del Comité de Seguridad de los Pasos de Frontera, que formará parte del Poder Ejecutivo. La Comisión estará integrada por el prosecretario de la Presidencia y los subsecretarios de Interior, Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, un representante del Banco Central y de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Esta delegación se encargará de crear las directivas y las acciones integradas en un plan de combate al narcotráfico, que serán desarrolladas por los organismos integrantes de la nueva institucionalidad.