Perú.- Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Nativos de Perú se llevó a cabo el encuentro de cincuenta y cinco comunidades originarias sumergidas en una lucha por sus derechos, según manifestaron los líderes reunidos en el Congreso para inspeccionar la coyuntura.
“Los pueblos originarios queremos coexistir en paz en nuestros territorios”, solicitó Robert Guimaraes, representante de la Confederación de Comunidades Nativas del río amazónico Ucayali y sus afluentes. Los nativos del Perú, expresaron sus cabecillas, requieren “una efectiva institucionalidad” en el Estado, pues la ejecución de un viceministerio de Interculturalidad que no cuenta con recursos propios es “un artificio”.
En este sentido, la presidenta de la Organización Nacional de la Mujer Indígena y Amazónica del Perú, Ketty Macedo indicó que “resulta necesario exigir la instauración de un organismo de rango ministerial con independencia orgánica y financiera, integrado por representantes de pueblos originarios con poder de decisión para tratar de poner en marcha estrategias públicas a favor de nuestras comunidades”, destacó.
Por otro lado, según la congresista indígena Tania Pariona, del grupo izquierdista Frente Amplio (FA), organizadora y comunicadora de la reunión, el Estado solo posee el uno por ciento de presupuesto consignado a las comunidades originarias.
Los regentes de las cinco formaciones presentes concordaron en exigir al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski la investigación de las autorizaciones mineras que fueron adjudicadas durante los últimos cinco años sin consumar la consulta previa que requiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Nuestras poblaciones no gozan de la riqueza del aprovechamiento minero. En nuestro departamento campea la desnutrición y la contaminación. El Estado no tiene estrategias claras. Se tienen que modificar las autorizaciones”, imprimió el presidente de la Confederación Campesina del Perú, Jorge del Prado.
Pariona, única asambleísta reconocida nativa, mostró ante los grupos sociales un plan de ley del Frente Amplio para que los pueblos originarios apelen a una participación activa cuando el Parlamento combata normas legislativas sobre temas que los afecten.
“Poseemos múltiples desafíos. Precisamos mayor visibilidad en el Congreso, promover la agenda de comunidades nativas, alertar las políticas de Estado, dar viabilidad a la consulta previa, vigorizar la institucionalidad y sobre todo, ser registrados legalmente”, dijo la parlamentaria.