Brasil.- El juicio de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha quedado hoy a solamente dos pasos de finalizar, luego de la aprobación de un informe que solicita avanzar en el proceso que puede expulsarla de su cargo a finales de este mismo mes.
El documento que imputa a Rousseff de haber «atentado contra la Constitución» ha sido aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra, en la última sesión de una comisión de senadores que ha sido la responsable de la instrucción que ahora va a ser trasladada al pleno del Senado, quien va a tener la última palabra.
El presidente de la comisión, Raimundo Lira, se abstuvo de votar, a pesar de que había manifestado su opinión a favor del informe del instructor, Antonio Anastasia, quien ha considerado a Rousseff culpable de varios delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.
La votación supone también la conclusión de las labores de ese colegiado, que durante casi tres meses ha escuchado a 39 testigos de la defensa y apenas a cuatro de la parte acusadora y cuyo informe final va a ser enviado al pleno del Senado, que se va a reunir para una primera votación el próximo martes.
Si el informe aprobado por la comisión fuese apoyado por una mayoría simple de 41 votos entre los posibles 81, el pleno del Senado va a ser citado para una última y definitiva sesión por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski.
De acuerdo a los plazos legales del proceso, esa última sesión tendrá que hacerse a finales de este mes y se espera que dure alrededor de cinco días, porque va a haber espacios de debate y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora.
En esa instancia, Rousseff va a ser despojada del cargo en caso de que así lo decida la mayoría calificada de 54 votos, que equivale a dos tercios de la Cámara Alta.
Rousseff está suspendida de sus funciones como presidenta desde el pasado 12 de mayo, cuando se ha instaurado el juicio político en el que se le acusa de delitos en el manejo de los presupuestos, contratación de créditos para el gobierno con la banca pública y la concesión de decretos que han alterado los gastos sin la aprobación del Congreso.