México- Hoy comienza un proceso inédito en el país con la adjudicación de mas de 250 frecuencias para estaciones de radio en 27 estados a lo largo del territorio.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgará 191 frecuencias FM y 66 en frecuencia AM, para lo cual ha hecho público los requisitos necesarios para participar en esta adjudicación
Esta adjudicación es llevada a cabo por el IFT en un proceso que culminará en junio de 2017 y que incluye a pequeñas y medianas localidades en distintos Estados del país. Con esta convocatoria el Instituto intenta diversificar y extender el expectro radioeléctrico a través de un otorgamiento más amplio y plural de estas concesiones.
Por su parte, el gremio que agrupa a la industria radioeléctrica mexicana ya ha hecho públicas sus quejas sobre el proceso alegando que el IFT ha organizado un concurso hecho a la medida y según las solicitudes de particulares. Esto ocurre luego de que el año pasado el IFT ofertó concesiones para señales de TV y el ganador de la licitación tuvo que abandonar el proceso por no contar con el dinero para el monto ofertado. De esta forma el IFT no pudo romper con el poderoso predominio en la TV de dos televisoras mexicanas, Televisa y TV Azteca.
Otra crítica de los radiodifusores, es la licitación de concesiones en estados que ya cuentan con una alta concentración de frecuencias para radio. Miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) señalan que esta excesiva agrupación de frecuencia en zonas con índices de pobreza extrema lejos de generar competencia estaría generando una sobreoferta nada atractiva para la industria radiodifusora.
Expertos del sector califican como positivo el proceso adelantado por el IFT y estiman que por mucho tiempo la mayoría de las concesiones han estado concentradas en manos de un pequeño grupo de familias y califican las quejas del sector como esperada y normal resistencia a los cambios.
Con intereses en juego, se vislumbran desencuentros en el proceso licitatorio que se adelanta. Los radiodifusores han señalado públicamente que de ser necesario tomarían la vía legal y no dudaran en llegar a instancias como la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en busca de protección.