La Justicia porteña ordenó a Metrovías, concesionaria de la red de subterráneos de Buenos Aires, que en el subte no se cobrará boleto a los usuarios en las estaciones donde no funcionen las escaleras mecánicas o ascensores.
Esto lo informaron este martes fuentes judiciales, en tanto que Sbase aseveró que apelará el régimen y que el proyecto de accesibilidad «está en plena implementación». Desde la Ciudad manifestaron que se trata de una decisión «arbitraria».
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El juez Andrés Gallardo, titular del juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, instaló esa medida después de considerar que Metrovías incumplió una medida cautelar que, en agosto de 2019, ordenó a la compañía «regular el funcionamiento de los ascensores y escaleras mecánicas».
Para conseguir el beneficio y viajar gratis, la medida dispuesta por el juez indica que los usuarios deberán «reportar el desperfecto en la boletería, donde los eximirán de pagar. Si el pasajero nota el desperfecto al salir de la estación, podrá ir a la boletería y el personal de Metrovías deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe en la tarjeta SUBE con la que pagó el viaje».
Subte no cobrará boleto a los usuarios en tanto resuelva los inconvenientes
La semana pasada, después de una inspección, se comprobó que «51 medios de accesibilidad» no marchaban, «habiendo descontado ya los supuestos ajenos a la responsabilidad de Metrovías S.A.».
Respecto a esto, Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) deberán difundir la decisión del juez por medio de avisos fijados en cada boletería de la red y publicar por tres días desde el lunes 18 de febrero en los diarios Clarín, La Nación y Página 12, tanto en papel como online, «bajo apercibimiento de embargo y de ejecución forzada».
Por su parte, Sbase subrayó que en la red hay «un total de 270 escaleras mecánicas y 100 ascensores» distribuidos en las seis líneas, e indicó que «desde que la Ciudad se hizo cargo del servicio en 2013, el índice de funcionamiento de escaleras mejoró considerablemente».
Entretanto, la Legislatura porteña recordó que a fines de 2018 se dio luz verde a una ordenanza para que todas las estaciones de subte puedan garantizar el acceso y egreso de personas con discapacidad o movilidad reducida, pero la ley acordó un plazo de 20 años para efectuar las obras necesarias.
La decisión, que impulsó el bloque oficialista se implementó en medio del litigio judicial que tienen desde 2016 el Gobierno porteño con asociaciones de usuarios como Proconxumer y Acceso Ya, que persiguen la eliminación de barreras de infraestructura para entrar o salir de las estaciones de subte.