Montevideo.- Uber tiene casi un año operando en Uruguay. En marzo, el Gobierno presentó un proyecto de Ley al Parlamento para regular la actividad de la empresa.
La Dirección General Impositiva de Uruguay (DGI) tendría las herramientas para fiscalizar a los conductores de Uber y a la propia empresa, así lo informó el titular del organismo, Joaquín Serra.
El funcionario explicó que esta empresa originaria de Estados Unidos, que se encarga de poner en contacto a clientes y conductores privados a través de una aplicación móvil, primero tendría que pasar por un proceso de regulación “como corresponde” y en segundo lugar llegarían “las cuestiones tributarias”.
«Si invirtiéramos el orden de los problemas podríamos darle una especie de legalidad a un servicio que no la tiene», agregó Serra durante una entrevista.
[pullquote]Están tratando de eludir sus responsabilidad[/pullquote]
Asimismo, el directivo señaló que la regulación del transporte de personas “es un problema que excede a la DGI” porque es competencia de los gobiernos departamentales, no obstante, aseguró que una vez que la actividad se realice bajo la normativa correspondiente, el fisco cobrará “lo que tenga que cobrar”.
En cuanto al comunicado que envió Uber a sus conductores sugiriéndoles que paguen un monotributo o el IVA mínimo correspondientes a sus ingresos, para que su situación como trabajadores sea regularizada y así poder acceder al Sistema de Seguridad Social, Serra responsabilizó a la empresa por el supuesto impago a la hacienda estatal de sus conductores.
«Están tratando de eludir sus responsabilidad, porque Uber desde el primero de enero es responsable de todos los impuestos impagos de los conductores. O sea, están tratando que los conductores paguen por él», puntualizó.
Uber recomendó a sus empleados que el monotributo de aquellos que tienen un ingreso anual bruto sea inferior a los 593.487 pesos uruguayo lo equivalente a 20.398,15 dólares, mientras que el IVA mínimo es para aquellos cuyos ingresos brutos anuales no exceden los 989.146 pesos uruguayos (33.996,95 dólares), según publicaron medios locales.
En ese sentido, el pasado lunes, la empresa de taxis hizo saber a través de una carta a las autoridades de los departamentos de Montevideo y Canelones que se encargará de informar a sus trabajadores sobre «sus potenciales obligaciones tributarias».
En la misiva, la compañía expresa su apoyo técnico a los conductores y se compromete a estar pendientes para que estén inscritos en los organismos correspondientes «para ser habilitados en la plataforma».