El Salvador – La ley de aborto establecida en el país ha generado que muchas mujeres pierdan la vida por no cumplir con un tratamiento como corresponde.
El servicio perinatal del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador es uno de los centros públicos del país donde se presentan casos bastante particulares y difíciles. En este sentido Guillermo Ortiz, trabajador de este centro contó a los medios de comunicación uno de los casos que más le marcaron de todos los que atendió durante los 20 años en los que él estuvo al frente.
«Cuando llegó a nosotros, con un embarazo gemelar de dos meses, no podía comer ni respirar«. Se trataba de una mujer de pocos recursos que había acudido al Hospital Rosales – el principal centro público del país – padeciendo un agresivo cáncer de paladar. De allí fue remitida al centro en el que trabajaba Ortiz.
«La enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento», asegura. En este caso, no hubo ninguna alternativa que pudieran poner en práctica ya que los médicos temían afectar con ello a los fetos y que, fueran acusados de intentar llevar a cabo un aborto y que por eso resultaran condenados a 12 años de cárcel. Esa es la pena máxima a la que se enfrentan los profesionales del área de la salud de El Salvador en caso que se pruebe que participaron en algún aborto, mientras que la de las mujeres que se someten a ella es de hasta ocho. Aunque también pueden llegar a ser sentenciadas por homicidio agravado y purgar una condena de hasta 40 años.
«Así que cuando la recibimos en nuestro centro la mujer ya estaba terminal», recuerda. «Murió a los dos días con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no permitió a sus médicos darle el tratamiento contra su cáncer». «Fue un caso muy triste. No se le ofreció ninguna opción. Simplemente se dejó que el cáncer avanzara».
El triste y lamentable final de aquella mujer no es el único que quedó grabado a fuego en la memoria del doctor Ortiz. También recuerda con pesar a la mujer de 19 años que llegó hinchada por una afección renal que su embarazo había agravado, y que falleció a las 22 semanas. «Son cantidad los casos que no pudimos atender como era debido porque la ley nos tiene maniatados», dice.
Se trata del Código Penal de 1998, en el que se eliminaron las causales por las que el aborto estaba despenalizado. Hasta ese entonces no se consideraba delito cuando la vida de la mujer estuviera en peligro, en casos de violación o estupro – coito con persona entre 12 y 18 años conseguido con engaño y, por equiparación legal, incesto – y si el feto tenía graves deformidades incompatibles con la vida. 
Pero con la nueva normativa el aborto se volvió ilegal en todos los casos.
Entró en vigencia desde el 20 de abril de aquel año y meses después – y con reforma de por medio – en la Constitución quedó reconocida la «persona humana» desde la concepción; es decir, desde el mismo momento en el que un espermatozoide entra en un óvulo. «Ante casos de embarazadas con leucemia o linfoma, esta ley hace que los especialistas tengan que dar fármacos no citotóxicos – capaces de matar al feto como efecto secundario del medicamento – aun sabiendo que no son los mejores tratamientos contra esos males», dice.